Cómo involucrar a la sociedad en la IA

Por Margarita Robles, Catedrática de Derecho Internacional Público y Derecho de la UE en la Universidad de Granada

A finales de diciembre de 2023, evocando al maestro Vivaldi, Jovan Kurbalija publicaba un artículo titulado las cuatro estaciones de la Inteligencia Artificial (IA) contadas a partir del lanzamiento de chat GPT el año anterior. Invierno de emoción, primavera de metáforas, verano de reflexión y un otoño de claridad, prolífico en iniciativas internacionales, nacionales y europeas en esta materia. Aunque pudiese existir la impresión de que todo acontece en el curso de ese tiempo, la IA tiene un pasado ciertamente más lejano, un presente cotidiano y real y un futuro que, si se atiende a ese pasado y a este presente, no necesariamente ha de bascular entre el miedo a la distopía y la pretendida inocencia de la utopía. El conocimiento es la clave. 

Conocimiento 

El conocimiento limitado o sesgado sobre el mundo de la IA de buena parte de la ciudadanía constituye un obstáculo fundamental para su comprensión, integración y normalización como tecnología. Más allá de su calificación generalizada como disruptiva, expresión no siempre y necesariamente negativa, al tratarse de una tecnología global y transversal, la IA va a ser usada por la sociedad en su conjunto en distintos tipos de relaciones y en muy diversos sectores de actividad. Es fundamental educar y formar sobre IA.  

Educación, formación y capacitación 

El conocimiento de la IA requiere políticas de educación, formación y capacitación adaptadas a los destinatarios y formuladas en función de sus necesidades de interacción con esta tecnología. Primero, hay que impartir formación generalista para la ciudadanía. Segundo, en los distintos ciclos educativos, resulta imperativo enseñar y capacitar con itinerarios adaptados en función de la edad y otros parámetros pertinentes. Tercero, en los ámbitos laboral, profesional, industrial y empresarial, como en otros de carácter sectorial, hay que dispensar formaciones específicas. Para terminar, a niveles superiores, hay que promover la investigación para la generación de talento -y no solo la atracción de talento-en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Para ello son necesarias inversiones, pero, sobre todo, asumir el cambio de paradigma en el modelo económico. 

Economía del Conocimiento 

La revolución tecnológica es un desafío de naturaleza estructural y transversal que impulsa el tránsito de una economía de servicios a una economía del conocimiento, que se sitúa como principal factor productivo. Hay que cambiar las prioridades, ampliar las modalidades de financiación y reformular los presupuestos en términos de inversión. Mantener las dinámicas propias de esos modelos económicos previos solo puede complicar el proceso inexorable de transición y perjudicar tanto a quienes están preparados para el mismo, como a los que se resisten al cambio o se mantienen ajenos. Este cambio económico está requiriendo desde hace tiempo un compromiso de fondo y a largo plazo: un pacto de Estado.  

Pacto de Estado  

En los últimos años, España se ha mostrado como uno de los países más activos y comprometidos con el desarrollo de la IA gracias a la Estrategia Española de I+D+i en IA, la Estrategia Nacional de IA, la Agencia Nacional de Supervisión de la IA (AESIA) o el Sandbox Regulatorio de IA.  

La AESIA puede ser un actor fundamental siempre y cuando asuma una vocación y funcionalidad globales y no se limite a trazar acciones sectoriales que, por su menor ambición y por la escasez de financiación, resultarían más aparentes que efectivas. Por su parte, las estrategias suelen ser una relación de medidas no vinculantes que, con frecuencia, suman más que integran las perspectivas de sus autores.  

La IA necesita una plan integral, interdisciplinar y global con objetivos, prioridades, medios y recursos humanos, normativos, técnicos y financieros, que requiere de la cooperación público-privada y que ha de materializarse al máximo nivel a través de un Pacto de Estado que incluya cuestiones esenciales como la protección de los derechos humanos.  

Una ley sobre derechos digitales  

La Carta de Derechos Digitales es un documento no vinculante que puede generar la falsa sensación de disponer de unos derechos que, en realidad, no son obligatorios, ni cuentan con la legitimación necesaria para resultar efectivos.  

El mundo digital es una fuente de derechos, pero plantea serias amenazas para determinados derechos y libertades. El valor de los derechos básicos de la persona exige una normativa vinculante y garantista. Pero es que, además, la idea de una IA humano-céntrica se ha convertido en un principio rector de la política a nivel europeo y nacional. Ese objetivo, sin embargo, no se puede alcanzar únicamente a través de declaraciones o de determinadas garantías, formales o sustantivas, que pueden derivar en una versión de “Todo por el pueblo, pero sin el pueblo” del despotismo ilustrado.  

El principio humano-céntrico ha de tener un significado más amplio, real y profundo si efectivamente está llamado a constituir el fundamento de un modelo digital europeo basado en unos valores y principios y el núcleo de la idea de soberanía digital. Para ello es preciso el conocimiento, la educación, la formación y la capacitación, así como las inversiones, esenciales dentro de una economía del conocimiento, preferiblemente a través de un Pacto de Estado construido sobre la base de una concepción humano-céntrica de la revolución tecnológica en la que se inserta la IA.