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Por Tomás Lozano

La actual aritmética parlamentaria presenta un escenario de escaso margen de maniobra para el nuevo Gobierno que surja del Congreso de los Diputados, si es que llega a surgir.

El elevado grado de disenso y la falta de acuerdo entre los dos principales partidos dibujan un escenario marcado por la liturgia parlamentaria y una cuenta atrás que comenzará a contar en caso de que Alberto Núñez Feijóo no logre ser investido el próximo día 27 de septiembre. Tras esa fecha, la Constitución impone un plazo de dos meses para que un segundo candidato resulte investido; en caso contrario, comenzaremos el año 2024 con repetición electoral, gobierno en funciones y una acción legislativa muy limitada.

El horizonte descrito no es, precisamente, el marco de actuación ideal para acometer los grandes desafíos que enfrenta nuestro país y que no necesariamente coinciden con las prioridades que muestran las organizaciones políticas (hoy en día centradas principalmente en una visión dicotómica de la identidad territorial de España) y, en todo caso, alejadas de un discurso edificante que interpele a los ciudadanos y a sus verdaderas preocupaciones.

La ingobernabilidad de nuestro país o, como mínimo, la escasa capacidad para lograr consensos que se traduzcan en reformas legislativas de calado es, en sí mismo, el principal reto al que nos enfrentamos. El motivo es claro, la democracia se escribe en prosa, negro sobre blanco y con el suficiente consenso como para que la obsolescencia de una norma no se acentúe en un tiempo en el que la ley corre casi siempre detrás de los cambios sociales, económicos o culturales.

Por ese motivo, el hipotético gobierno que surja de la actual composición parlamentaria deberá, evidentemente, preocuparse de su cintura para la negociación política pero, sobre todo, ocuparse de aquello que construye país, fortalece la democracia y está presente en la vida de sus ciudadanos. Los retos no son pocos.

1) Calidad democrática

La reforma del órgano de gobierno de los jueces supone una emergencia política para acometer reformas que, cuanto más se postergan, mayor merma democrática genera en nuestra imagen de país.

Sin embargo, la regeneración democrática (concepto en ocasiones excesivamente utilizado) no termina ahí, dado que existen grandes tareas pendientes, como es el caso de iniciativas que proyecten mayor transparencia en la elaboración de leyes o iniciativas que flexibilicen la participación ciudadana (500.000 firmas para simplemente iniciar el trámite no es una cifra especialmente alentadora).

2) Nuevo escenario macroeconómico

La hoja de ruta macroeconómica ha cambiado de rumbo. Tras varios años de expansión de gasto público para contrarrestar los daños de la pandemia y la guerra en Ucrania, parece necesario embridar sus efectos en el déficit y deuda pública. Desde la óptica del gasto público, las necesarias reformas de constricción chocarán con una compleja realidad, y es que los presupuestos generales del Estado, buque insignia de cualquier gobierno, estarán lejos de alcanzar el necesario apoyo parlamentario.

En el plano de los ingresos, misma cuestión, cabe poner de relieve la necesaria creación de beneficios fiscales vinculados a la ejecución de los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación; precisamente son los Next Generation los que simbolizan esa bombona de oxígeno de 37.000 millones de euros hasta el momento otorgados y de cuya ejecución depende un tejido productivo protagonizado por pymes (para los que su agilización administrativa debe suponer una prioridad de primer orden).

3) Cohesión social y territorial

Desde el plano social, esta legislatura deberá abordar una senda de reformas que tienen más sentido que nunca, como es el desarrollo de mecanismos que fortalezcan nuestro Sistema Nacional de Salud, así como la generación de nuevos consensos en torno a una necesaria ley de salud mental o una imperiosa respuesta para construir un futuro de calidad mediante un sistema educativo estable y actualizado al reto tecnológico. Nuevos retos que se suman a otros presentes desde hace tiempo en la agenda, como son una apuesta clara por la viabilidad del sistema actual de pensiones de nuestros mayores o mejores mecanismos para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres.

Desde el prisma territorial, es necesario un debate que, independientemente del equilibrio de fuerzas entre las sensibilidades existentes, merece una reflexión sobre elementos fundamentales, como la posibilidad de construir un nuevo modelo de financiación autonómica o la redefinición del Senado como cámara territorial.

4) Consenso en la mitigación al cambio climático

Las principales fuerzas políticas de nuestro país asumen, con los diversos y necesarios matices, un consenso en torno a la necesidad de afrontar una agenda legislativa que acelere la transición de nuestro sistema económico, industrial y de consumo hacia un modelo que integre de manera consciente la necesidad de paliar la crisis climática. Un consenso que trasciende del ágora política y que reúne a los operadores económicos y, también, a sociedad civil y organismos multilaterales para fijar objetivos comunes para 2030 y 2050. En este contexto, la nueva legislatura deberá incurrir en la transposición de nuevos instrumentos jurídicos como la nueva Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa o aportar nuevos marcos de actuación en sectores clave como es la alimentación (Ley de desperdicio alimentario) o la movilidad (Ley de movilidad sostenible).

5) España en Europa

La actual Presidencia española del Consejo de la UE es una plataforma excelente en la construcción del liderazgo internacional de España; sin embargo, el contexto electoral ha difuminado una importante oportunidad para posicionar a España antes los grandes retos de la reindustrialización de nuestras economías, la creación de nuevas reglas que aborden los límites éticos de la inteligencia artificial, el gobierno del dato, la reforma del mercado eléctrico europeo, la consecución de objetivos climáticos o el refuerzo, en última instancia, de un proyecto de autonomía estratégica europea que devuelva la influencia geopolítica al viejo continente. Cuanto más porque se produce en un año marcado por la aceleración del debate legislativo en Bruselas con motivo de la próxima convocatoria electoral del Parlamento Europeo en la primavera de 2024.

La Política en mayúscula construye políticas de hoy pensando en el mañana

El ejercicio realizado trata, no tanto, de hacer una descripción prolija de la agenda legislativa que deberán acometer nuestros representantes políticos - ése no era el objetivo -, sino de evidenciar los retos a los que nos enfrentamos y la oportunidad que supone para construir consenso y demostrar que lo que nos une es más que lo que nos aleja, y que devolver las políticas a la Política con mayúscula pasa por interpelar a sus ciudadanos y al futuro que les espera.

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