Una tragedia evitable

Asistimos, la mayoría de los técnicos de este país, con sumo estupor, rabia y desazón a la terrible devastación y pérdidas de vidas humanas que, de una manera totalmente evitable, se han producido en Valencia y Albacete.

 No creo que la tragedia tenga que ver con incapacidad política, que ya se presupone, más bien con dejadez funcionarial, a cuyos técnicos tengo sumo respeto y considero muy capacitados.

Nuestras Confederaciones Hidrográficas tienen los principales cauces delimitados en flujo preferente y zonas de peligrosidad, previo cálculo de las máximas avenidas que se pueden producir y éstas cartografiadas al detalle.  Sabemos que estos episodios de fuerte precipitación se producen regularmente; acotadas en un breve periodo de tiempo, y en zonas escarpadas y próximas al mar, lo que reduce enormemente los tiempos de concentración y por lo tanto de respuestas. De hecho, matemáticamente existe una probabilidad del 10 % de que en los próximos 30 años se presente un episodio similar, porcentaje nada desdeñable.

Sí, el arroyo del Poyo, también conocido como barranco del Poyo, ha sido cartografiado en los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación elaborados por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Estos mapas forman parte del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y están disponibles para consulta pública. Puede acceder a ellos a través del visor cartográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/snczi.html

Se supone que sus funcionarios habrán trasladado la necesidad de los deslindes y eliminación de zonas urbanas y edificaciones de éstas. No debería haber nada allí. Y si lo hay será porque estaban antes de las delimitaciones y no se las ha llevado el agua, lo que nos obliga a actuar sobre los cauces.

Además, tienen perfecto conocimiento de las obras necesarias para encauzamientos y retenciones y laminación de avenidas, planificadas hace años y pendientes de asignación presupuestaria para su construcción.

De igual manera tenemos los medios para detectar las tormentas y canales informativos suficientes para, una vez analizados los datos en tiempo real, y consultables en abierto en los SAIH de cuencas, poder avisar con suficiente antelación.

Las estimaciones iniciales del consorcio de seguros hablan de 3.500 millones de euros en indemnizaciones, a las que habría que sumar los importantes daños en infraestructuras públicas tan importantes como la A-7 y A-3, la línea de AVE, líneas convencionales y cercanías y sistemas de drenaje y municipales (otros cientos o miles de millones de euros). Todo muy superior a las inversiones que hubieran sido necesarias para evitar esto.

¿Por qué no se ha hecho todo esto y ahora lamentamos miles de víctimas y cuantiosos gastos?

En mi opinión hay una dejación de contrapoder de la función pública respecto a los políticos, que son los que destinan dinero a unas necesidades u otras con los presupuestos que aprueban anualmente.

¿Y por qué cejan? ¿Por qué dejan que los políticos destinen inversiones en función de sus intereses políticos y electorales y no a donde debería destinarse? ¿Por qué sus sindicatos o asociaciones no han protestado enérgicamente antes estos abusos de poder? ¿Por qué firman lo que les ponen delante a sabiendas de que se deben al interés público y no político?

Es simple, desde hace años los principales partidos han copado los puestos de responsabilidad de la administración sustituyendo los puestos de funcionarios de carrera (muy preparados en los cuerpos técnicos superiores) por colocados por afiliación, llegando a jefes de servicio. Eso hace que no suban los mejores, sino los que tienen mejor capacidad para relaciones políticas y más moldeables por ellos, trabajando no para el ciudadano, sino para el político y cerrando el paso a los más preparados y voluntariosos. A los que planifican.

Esto ha desmotivado a una función pública siempre muy comprometida con su responsabilidad para con la administración y roto la cadena de toma de decisiones técnicas por políticas; que necesariamente no son las ideales.

Y no hablamos de decisiones una vez ocurrida la tragedia, a todas luces evitable, sino de la serie de actuaciones e inversiones que, por sabidas e identificados los riesgos por nuestros técnicos funcionarios (SÍ, LOS QUE DE VERDAD SABEN ALGO Y HAN SIDO NINGUNEADOS), deberían haberse acometido hace años y que quizás se hayan ido a multiplicar puestos públicos copados por afines a los partidos políticos que suelen gobernar.

De ahí al principio, ¿quién tenía que tomar las decisiones?