Elisa de la Nuez, Secretaria General de la Fundación Hay Derecho
Mientras sigue el culebrón mediático/judicial/político en relación con las actividades de la mujer del Presidente del Gobierno, perdemos de vista lo esencial que pone de relieve este asunto: la falta de un código ético del Gobierno que establezca reglas claras y mecanismos fiables para evitar que se puedan producir este tipo de situaciones en el futuro, o incluso simplemente para que los miembros del Gobierno y sus familiares conozcan con precisión qué tipo de conductas pueden ser problemáticas y acabar por tener trascendencia mediática o/y jurídica.
En ese sentido, constatamos que el sentido común y la prudencia no suelen ser suficientes. No sólo en España. Por eso es muy pertinente establecer herramientas que ayuden a los miembros del Gobierno y a sus familiares a entender que, una vez que se alcanza una determinada posición de poder, hay que ser extremadamente cauteloso dado que, inevitablemente, van a surgir oportunidades que no se hubieran tenido de no ostentar el marido, la pareja, el padre o el hijo un determinado cargo. Es decir, hay que entender que las reglas deben de ser mucho más estrictas. No solo las jurídicas, sino también las éticas. Y que si no se respetan, las consecuencias van a ser en ocasiones muy graves o incluso desproporcionadas, al no existir mecanismos adecuados para la prevención y sanción de estas conductas. Esto es particularmente cierto en España donde el remedio jurídico casi por defecto es acudir al Código Penal. Como ha ocurrido en el caso de Begoña Gómez.
Por tanto, consideramos importante que la ciudadanía y la clase política tomen conciencia de que antes de llegar a situaciones que bordean el esperpento político y jurídico (cartas a la ciudadanía, retiradas para meditar, querellas contra el juez, declaraciones en Moncloa, etc, etc) hay otras soluciones más propias de democracias avanzadas. De hecho, el Código ético elaborado por España Mejor y la Fundación Hay Derecho se inspira en los de otros países de nuestro entorno y en el de la Comisión Europea. Aprendamos de los que lo hacen mejor, al menos en este ámbito.
En conclusión, sería importante que intentásemos afrontar los problemas que pueden plantear los posibles conflictos de interés de los miembros del gobierno y sus familiares de forma diferente a como lo harían en un programa de televisión. De entrada, se reduciría el ruido y la agresividad del debate político, que gira en torno a cuestiones que, siendo relevantes, no son sin duda las que más preocupan a los ciudadanos. Además, permitirían una reflexión sosegada sobre qué tipo de conductas consideramos tolerables en la tercera década del siglo XXI cuando se trata de personas con mucho poder o con cercanía a personas que lo ostentan. Para eso, proponemos un debate riguroso en torno a las propuestas del Código ético que intentan ordenar una serie de cuestiones que entendemos pueden suscitar un gran consenso entre la inmensa mayoría de los ciudadanos e incluso proporcionar mayores garantías a los políticos en el ejercicio de sus cargos.
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