Por Juan González-Barba, ex Secretario de Estado para la UE

El acuerdo Mercosur-UE. Una mirada geopolítica

El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur se firmó el 17 de enero de 2026 y su parte comercial se aplicará provisionalmente a partir del 1 de mayo. Los obstáculos que ha habido que superar -y los que aún quedan, como la aprobación del acuerdo por el Parlamento Europeo y el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE sobre su compatibilidad con los tratados fundamentales- han sido muchos y algunos formidables. De lo contrario, no se habría necesitado un cuarto de siglo de negociaciones. No es mi propósito referirme a estas dificultades, ni tampoco a los sectores o países que puedan considerarse perdedores o ganadores. En efecto, en una negociación comercial de esta complejidad, que busca el establecimiento de un área de libre comercio de setecientos millones de personas, es difícil contentar a todos los actores al mismo tiempo.

Y es que, si solo se tratase de una negociación comercial en tiempos normales, posiblemente el acuerdo no se habría concluido. Pero vivimos una época excepcional que ha hecho que la dimensión geopolítica del acuerdo se imponga a las demás consideraciones. Soy consciente de que este tipo de argumento es especialmente rechazado por agricultores y ganaderos, y que las salvaguardas que se han introducido en el acuerdo para proteger sus intereses no les resultan suficientes.

El acuerdo entre la UE y Mercosur, en lo que a la UE respecta, no es un acuerdo comercial aislado. En lo que va de 2026 la UE ha concluido, además, acuerdos con India y Australia, y entre las prioridades de la Comisión figura la negociación de nuevos acuerdos de este tipo. En parte, esta aceleración de los tiempos es una respuesta a la política arancelaria seguida por el presidente Trump: la UE y sus socios contractuales se reafirman así en una visión positiva del libre comercio y, sobre todo, en un comercio sometido a reglas y con el compromiso de intentar resolver mediante negociaciones o, en su caso, el recurso a un órgano arbitral cualquier contencioso que surja.

Pero el impulso proteccionista de Trump es un síntoma de algo mucho más grave: la pretensión de que, en el ámbito internacional, sea la fuerza la última instancia decisoria. Una de las maneras que tienen la UE y sus socios de contar en el diseño del orden mundial, no solo económico y comercial, es la firma de estos acuerdos de asociación de amplio espectro. En relación con este punto, quisiera añadir dos observaciones que suscita a un europeo la firma del acuerdo de Mercosur:

El primer ministro canadiense Mark Carney se ha mostrado partidario de que las potencias medias en un nuevo mundo bipolar busquen compensar su menor peso incrementando la cooperación entre ellas. El acuerdo UE-Mercosur se inscribe en esta línea.

El presidente finlandés Alexander Stubb defiende, en su último libro publicado, la tesis de que el futuro del siglo XXI será decidido por el Sur global. Son los países que lo integran el fiel de la balanza, en sentido de que su actitud hará que se incline hacia un mundo con reglas o hacia otro basado en el solo poder descarnado. Pues bien, el que uno de los representantes más conspicuos del Sur global como Brasil, en compañía de los demás miembros de Mercosur, haya decidido apostar por la cooperación con la UE en pie de igualdad y sujeta a reglas supone un rayo de esperanza en estos tiempos tan revueltos.

Y concluyo con una última observación que concierne especialmente a españoles y portugueses. El iberoamericanismo en el siglo XXI consiste en buena medida en asociar lo más estrechamente posible a América Latina a la Unión Europea. El acuerdo de Mercosur, o los anteriores con México y Chile más algunos otros, son la mejor fórmula para que la mayor integración de la Unión Europea, imprescindible a la hora de afrontar los nuevos retos, no entrañe un distanciamiento respecto a una parte del mundo tan ligada a las historias nacionales de España y Portugal. Por eso, el acuerdo UE-Mercosur recentra a España y Portugal en Europa de la manera más natural posible. En definitiva, se trata de una magnífica noticia para los ciudadanos de los países signatarios, y doblemente buena para españoles y portugueses, por europeos y por iberoamericanos.

Por Javier Sandomingo, diplomático

El Acuerdo UE - Mercosur es un buen acuerdo, aunque deje algunos damnificados

Acaba de entrar en vigor, con carácter provisional, la parte o pilar comercial del Acuerdo de Asociación (AdeA) UE-Mercosur. Ha sido necesario negociar durante más de 25 años para lograr un texto que concilie razonablemente (no del todo) los intereses en juego.

En materia comercial, el AdeA es un acuerdo ambicioso, que contempla la eliminación de aranceles para el 92 % de las exportaciones desde Mercosur a la UE y para el 91 % de las exportaciones europeas al Mercosur, lo que supone crear la zona de libre comercio más grande del mundo, un mercado que incluye a 700 millones de personas. En términos generales el AdeA tendrá un efecto positivo sobre los intercambios entre las dos regiones: ahorro arancelario aproximado de 4.000 US$ al año y crecimiento de un 30-40 % de los intercambios a medio plazo (con desequilibrio a favor de la UE). Sus efectos sobre el crecimiento del PIB y la creación de empleo serán probablemente más modestos, aunque positivos.

Aun así, el AdeA enfrenta serias resistencias, porque el hecho de que beneficie a todos los Estados o bloques signatarios, no quiere decir que en el interior de cada Estado o bloque no haya unos sectores que ganan y otros que pierden. Que ganen todos es prácticamente imposible.

En materia comercial es evidente que el AdeA perjudica a algunos sectores. En el caso europeo, el AdeA tendrá efectos negativos sobre el sector agrícola (aunque ciertos productos, como el aceite, el jamón, el queso y el vino, probablemente se verán beneficiados). En el caso español el AdeA perjudicará principalmente a los productores de carne de vacuno y pollo, cereales, arroz y, sobre todo, remolacha. En América del Sur tienen motivos para estar molestos, entre otros, los fabricantes de automóviles, maquinaria y bienes de equipo, electrodomésticos y pequeñas manufacturas, textiles y productos químicos y farmacéuticos. Como es lógico, los sectores que pierden en Europa son, en general, los que ganan en los países del Mercosur, y a la inversa.

De todos modos, me parece que ese impacto negativo hay que verlo en su justa dimensión.

El AdeA no se aplicará de golpe sino de manera gradual en el caso de los productos sensibles, en plazos que van hasta los 15 años y con cuotas o contingentes cada vez mayores y con aranceles cada vez más bajos. Además las llamadas cláusulas de salvaguardia permitirán reimponer aranceles y limitar importaciones en caso de incrementos excesivos de exportaciones, caídas excesivas de precios o deterioro de otras variables como el empleo.

Pero, aunque las cuotas establecen volúmenes no muy altos (para productos agrícolas en torno al 1/1.5 % del consumo o la producción europeos), el impacto negativo puede ser significativo, en vista de que los costes de producción en el Mercosur son más bajos y las normas ambientales y laborales más livianas, lo que podría traer como consecuencia una cierta caída de los precios y del empleo en los sectores más afectados en la UE. Pero uno de los objetivos del AdeA a medio y largo plazo es precisamente que los costes y las normas laborales y medioambientales de los países del Mercosur vayan acercándose a los europeos, de modo que la competencia desleal vaya reduciéndose hasta prácticamente desaparecer.

Lo más importante es que las administraciones públicas vigilen de cerca la aplicación del acuerdo en colaboración con los sectores afectados, de modo que, en caso de eventuales impactos negativos, movilicen los recursos (no pequeños) de que disponen, y de los que dispone la PAC, para facilitar adaptaciones y mejoras de la competitividad, políticas sectoriales de precios y reconversiones cuando sean inevitables.

Las estimaciones más confiables sugieren que el balance final global del AdeA será sin duda positivo si se vigila debidamente su ejecución y se aprovechan debidamente las sinergias y posibilidades que abre. Las consecuencias negativas serán limitadas, manejables y probablemente solo temporales. No deben poner en riesgo un acuerdo que beneficia a 700 millones de personas. Porque, además, los pilares político y de cooperación (que no entrarán en vigor hasta la ratificación del AdeA por los Parlamentos de todos los Estados-parte), suponen un refrendo al multilateralismo y a un orden internacional basado en reglas (cosas ambas que hoy están amenazadas), y además, para España, una oportunidad para recomponer nuestra relación con América Latina, descuidada en los últimos años.